Cajas Rurales de ahorro y prestamo y el Cooperativismo
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Cajas Rurales de ahorro y prestamo y el Cooperativismo en Venezuela
En la década de los ochenta hubo experiencias con cajas rurales de ahorro y crédito que se activaron con financiamiento del Estado Venezolano por todo el país.
Las experiencias de aquellas políticas públicas fueron olvidadas y poco sirvió para aprender de ellas y corregir sus más significativos errores, a saber: fallas sensibles en la capacitación y en consecuencia la imposibilidad de empoderar a los actores.
Luego, en un nuevo ciclo de bonanza de altos precios del petróleo, volvimos a hacer experimentos país con el dinero público, financiando a no menos de unas diez mil cooperativas para impulsar el desarrollo agroalimentario en la década del dos mil.
Los resultados al final del camino son exactamente los mismo, una gran frustración y desmoralización de los campesinos y en fin de las esperanzas de los productores del campo.
¿Por qué fracasan las cooperativas en Venezuela si la misma FAO declaró a las mismas como una esperanza para el desarrollo rural y la mitigación de la pobreza?.
De las investigaciones de las universidades y centros de investigación venezolanos se ha logrado producir voluminoso contenido académico que ocupan y consumen tiempo y recursos financieros personales y del mismo Estado que poco contribuye a solucionar la problemática.
El modelo de producción de conocimiento de las universidades y centros de investigación venezolano es una copia exacta de los utilizados por los países desarrollados, por lo que son útiles para ellos más no para nosotros.
El Estado venezolano sustenta así con el dinero público a estudiantes, profesores e investigadores atrincherados en la comodidad de su status quo, protegiendo el legado de sus predecesores y distanciados de las necesidades más sentidas de los productores rurales.
En realidad es un desequilibrio tal que es necesario reflexionar profundamente.
El problema de la crisis agroalimentaria venezolana ha devenido desde una gestión frágil del Estado, donde no está aprovechando los recursos humanos de las universidades y centros de investigación para co-construir un modelo de producción agroalimentario sostenible en sus dimensiones social, económica, política y ambiental, etc.
Es obligación del Estado delegar a las instituciones académicas de cuarto nivel y a los centros de investigación la responsabilidad de co-construir estos modelos de producción y que hasta ahora han sido gestionados improvisadamente por los agentes políticos.